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La vida de pesadilla de Singh tras confundirle con un hombre que dio positivo en un control de alcoholemia

El drama familiar de un inmigrante hindú que al que un delincuente le suplantó la identidad

Balwant Singh, de 59 años, su esposa y los tres hijos del matrimonio, de origen hindú, no han encontrado en España el sueño dorado que les pintaron. Un infausto error judicial y policial, ocurrido en Tarragona, trastocó sus vidas. Sobre todo la del padre del clan, a quien tras seis años trabajando con contrato fijo y permiso de larga duración en una importante empresa del municipio tarraconense de Amposta, de la noche a la mañana se le vino el mundo encima. Y todo por una condena derivada de un control de alcoholemia al volante que le endosó un desconocido que tenía su mismo apellido. Tras dar positivo en el control, los agentes citaron al falso Balwant Singh a un juicio rápido en los juzgados de Amposta. Corría el 31 de julio de 2009. El impostor ni siquiera se defendió: acudió a la vista y se conformó con la pena que le pidió el fiscal: dos meses de cárcel y 600 euros de multa. 

Nadie se preocupó de tomar las huellas dactilares al falso Balwant. Ni tampoco en las diligencias judiciales queda claro cómo engañó a los agentes de tráfico. Pero si para el impostor todo fue muy rápido, para el auténtico Balwant Singh fue el inicio de una a pesadilla que ha durado más de seis  años. «Hemos sufrido mucho toda la familia», cuentan a los dos hijos varones del matrimonio, Arvinder y Harpreet, de 19 y 25 años.

“Mi padre vino a España en 2003 y, tras seis años trabajando con un empleo fijo, en 2009 le concedieron la reagrupación familiar, y con él, desde India, nos vinimos mi madre y los tres hermanos. Llegamos muy ilusionados, a trabajar e intentar ser felices, y lo fuimos en los primeros meses, teníamos papeles, encontré trabajo, mi hermano se puso a estudiar, cuidábamos de mi madre, que tiene un marcapasos y está delicada del corazón… pero luego todo empezó a ir mal», evoca Harpreet, el mayor, en perfecto castellano. No así el padre que, pese a llevar más años que ellos en España, apenas lo chapurrea. “Desde que llegó solo se ha dedicado a trabajar y trabajar”, lo justifica su hijo.

En septiembre de 2010, Balwant solicitó a la subdelegación del Gobierno en Tarragona renovar el permiso de trabajo y de residencia de larga duración. Y se llevó un tremendo disgusto. No solo no se lo renovaron, sino que se dictó contra él y todos los suyos una orden de expulsión de España, «por tener antecedentes penales». En los ficheros constaba que había delinquido (la alcoholemia) y que se le daba un plazo para abandonar el país. Balwant no entendía nada. Buscó una abogada, privada, aún le quedaban algunos ahorros, y esta presentó un recurso alegando que él no tenía nada que ver con ese delito. Es más, ni tenía coche, ni carné, ni nunca había conducido, por lo que difícilmente le pudieron parar en un control.

Ni caso a sus lamentos. Todos tenían que irse de España. El decreto de expulsión afectaba a los demás miembros del clan porque estaban en España bajo la figura de la reagrupación familiar. Y si Balwant tenía que abandonar el país, ellos también. Para modificar la orden de expulsión, que se mostraba irrefrenable, le dijeron que la única manera era acreditar que él no era el conductor ebrio y tratar de anular la sentencia condenatoria ante el Tribunal Supremo. Ardua tarea. Es muy excepcional que el alto tribunal anule una sentencia firme (el falso Balwant se conformó con la pena y la sentencia devino firme al instante). Había que presentar nuevas e irrefutables pruebas de que todo era un error. Pero ni siquiera sabía quién era la persona que se había apropiado de su identidad.

Y comenzó el chorreo de dinero en abogados, con el agravante de que, por entonces, el menor de los hijos había tenido que dejar los estudios, Balwant había perdido su trabajo (la subdelegación le retiró el permiso) y el mayor tampoco podía trabajar. «Y los miedos de que en cualquier momento llegase la policía y nos expulsara», señala Harpreet. Legalmente, ninguno podía trabajar. Por delante, solo pleitos. Hasta la madre, enferma del corazón, tuvo que ponerse a limpiar campos del municipio de malas hierbas.

«Íbamos donde nos llamaban, a veces solo unas horas a la semana, sin contratos, de forma ilegal, teníamos que sobrevivir. Se nos rompía el alma ver a mi madre tirada en el campo, quitando yerba, con el marcapasos…», dice Harvinder, el menor de los hijos, que recuerda cuando un profesor le dijo que no podía seguir con sus estudios de mecánico porque no tenía papeles. Pidieron ayuda a Cáritas y préstamos a amigos para los pleitos y las necesidades mínimas de la casa. «Somos personas  honradas, preferimos pasar hambre a robar…».

Pasaron años antes de que llegase para ellos un primer rayo de luz. Un juez de una localidad cercana detuvo a un ciudadano pakistaní como el suplantador de Balwant. Le halló facturas y falsos contratos que había hecho utilizando la identidad de Balwant. Cuando al auténtico Balwant le mostraron la foto del impostor, recordó que había visto a esa persona un par de veces, era amigo de un conocido suyo. El apellido Singh es muy común en India. Muchos varones seguidores de la religión Sij utilizan Singh (que significa ‘león’) tras su nombre de pila.

El 3 de agosto de 2012, inició los trámites ante el Supremo para que anulasen su condena. Y, a la vez, acudió de nuevo a la subdelegación del Gobierno pidiendo que revocara la orden de expulsión a la vista de las nuevas pruebas judiciales, pero este organismo mantuvo la orden de expulsar a toda la familia y la reiteró varias veces hasta 2014. Mientras el Supremo no fallara, el decreto seguiría vigente, les dijeron. Sin atender las diligencias judiciales relacionadas con el suplantador pakistaní. El Supremo sí les dio validez. Con ellas y con una prueba grafológica oficial sobre la letra y firma que el falso Balwant anotó en el boletín de la denuncia (se acreditó que la rúbrica no era de Balwant), el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Manuel Marchena ordenó anular la sentencia condenatoria. Fue el 26 de noviembre de 2015.

Tras seis años de fatigas, la familia Singh por fin logró limpiar su expediente. Ya sí pueden trabajar. «Pero han pasado muchos años desde que estamos en España y ahora partimos de nuevo de cero, trabajando para devolver deudas con las personas que nos han ayudado durante esta odisea; todo ha sido muy injusto, a nadie le deseamos lo que hemos pasado», cuentan los hermanos.

Por este grave error judicial, la abogada de la familia, Almudena Encinar, ha presentado una demanda ante el Ministerio de Justicia. Reclama 168.000 euros por los daños y perjuicios causados. El Consejo del Poder Judicial le ha dado la razón: la condena, y todo lo que ha acarreado, fue injusta, pero deja en manos del ministerio que fije la cuantía de la indemnización.

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